El fallo de la Sala IV de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos \u201cG., C. A. s\/robo con armas en tentativa\u201d (causa n\u00b0 72.836\/2016) rta. 23\/12\/2016, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la defensa contra la resoluci\u00f3n del juez de la instancia de origen adoptada en el marco de la audiencia inicial de flagrancia (art. 353 ter CPPN seg\u00fan ley 27.272) que no hizo lugar al pedido de suspensi\u00f3n de juicio a prueba en favor del imputado. En el caso se le imputa el delito de robo con armas, en grado de tentativa (art. 166, inciso 2, y 42 del CP) perpetrado mediante la exhibici\u00f3n de un cuchillo, a la distancia y sin que resultaran personas lesionadas. La defensa y el fiscal de la instancia de origen llegaron a un acuerdo y en virtud de ello se solicit\u00f3 al juzgado que le otorgue la suspensi\u00f3n por el plazo de dos a\u00f1os, con m\u00e1s la obligaci\u00f3n de efectuar tareas comunitarias en un comedor. El juzgado deneg\u00f3 la petici\u00f3n con el argumento de que la escala penal correspondiente al delito imputado, permite prever una sanci\u00f3n a imponer mayor a 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n (art. 76 bis, 2do p\u00e1rrafo, del CP). La defensa insisti\u00f3 en su pedido se\u00f1alando que con el consentimiento del fiscal, era de aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 76 bis cuarto p\u00e1rrafo del CP. El Fiscal General, se opuso al beneficio invocando razones de pol\u00edtica criminal, la escala penal y las caracter\u00edsticas del hecho, lo que le permit\u00edan suponer una pena de efectivo encierro. Los vocales consideraron debidamente fundada la postura permisiva del fiscal de primera instancia, y otorgaron la suspensi\u00f3n del proceso a prueba por dos a\u00f1os, debiendo el juzgado fijar las reglas de conducta.
\nAlberto Seijas, a cuyo voto adhiri\u00f3 Carlos Alberto Gonz\u00e1lez, precis\u00f3 que el beneficio era procedente debido al m\u00ednimo de la escala penal atribuida, la ausencia de condenas y causas paralelas, y la inexistencia de personas lesionadas durante el hecho, todo lo cual hac\u00eda prever una condena en suspenso, encuadrando el caso en el supuesto del art\u00edculo 76 bis cuarto p\u00e1rrafo del CP, sumando a ello lo receptado como tesis amplia por la CSJN en \u201cAcosta\u201d (CSJN 23\/4\/2008). Sobre la opini\u00f3n negativa del Fiscal General, destac\u00f3 que carec\u00eda de relevancia debido a que el dictamen de su colega de la instancia de origen superaba el test de logicidad y fundamentaci\u00f3n y, desconocerlo, implicaba retrotraer el proceso a una etapa ya superada, en violaci\u00f3n del principio de progresividad. Que como se encontraba planteada la cuesti\u00f3n, el fiscal de grado podr\u00eda haber recurrido la decisi\u00f3n o el Fiscal General haber optado inclusive por adherir al recurso del imputado, pero siempre en favor de dicho imputado, pues la garant\u00eda constitucional de la reformatio in pejus le impide provocar consecuencias m\u00e1s perniciosas para aqu\u00e9l que las vigentes al momento de recurrir. Por ello, vot\u00f3 por revocar el auto y conceder la suspensi\u00f3n del proceso por dos a\u00f1os, debiendo el juzgado fijar las reglas de conducta.
\nMariano Gonz\u00e1lez Palazzo, coincidi\u00f3 con la soluci\u00f3n adoptada por sus colegas, y precis\u00f3 que si bien a los efectos de la suspensi\u00f3n del proceso a prueba estima vinculante la opini\u00f3n del fiscal, la misma debe estar debidamente motivada (art. 69 y cctes del CPPN). Que en el caso tra\u00eddo a juzgamiento, la postura del Fiscal General, contraria a la de su inferior jer\u00e1rquico, no se encuentra correctamente fundada, m\u00e1xime cuando el esp\u00edritu del legislador fue conceder con criterio amplio este beneficio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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