Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia dictado en diciembre de 2025 y publicado en enero de 2026, el Poder Ejecutivo reform\u00f3 la Ley de Inteligencia Nacional. Entre las modificaciones introducidas, se ampl\u00edan las facultades operativas de la Secretar\u00eda de Inteligencia de Estado (SIDE), habilitando a sus agentes a realizar aprehensiones no solo en casos de flagrancia, sino tambi\u00e9n \u201cen el marco de actividades de inteligencia\u201d.
En el sistema jur\u00eddico argentino, la privaci\u00f3n de la libertad es una potestad estrictamente reglada. El C\u00f3digo Procesal Penal Federal establece que, en caso de flagrancia, cualquier persona puede practicar una aprehensi\u00f3n con el \u00fanico fin de impedir la consumaci\u00f3n del delito o sus consecuencias. En ese sentido, no resulta discutible que agentes estatales \u2014incluidos los de inteligencia\u2014 puedan actuar en dicho supuesto.
Lo jur\u00eddicamente problem\u00e1tico surge cuando la norma extiende la facultad de aprehender m\u00e1s all\u00e1 de la flagrancia, sin definir con precisi\u00f3n los supuestos habilitantes, los l\u00edmites de la intervenci\u00f3n ni los mecanismos de control judicial inmediato. La posibilidad de que agentes de inteligencia priven de la libertad a una persona durante tareas de espionaje, sin orden judicial previa, tensiona principios b\u00e1sicos del derecho constitucional y procesal penal.
Nuestra Constituci\u00f3n Nacional es categ\u00f3rica al establecer que \u201cnadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente\u201d, con la \u00fanica excepci\u00f3n del caso de flagrancia. Cualquier ampliaci\u00f3n de esa excepci\u00f3n debe ser interpretada de manera restrictiva, bajo riesgo de habilitar detenciones arbitrarias incompatibles con el Estado de Derecho.
El debate no es meramente pol\u00edtico ni coyuntural: es jur\u00eddico e institucional. La seguridad y la inteligencia estatal no pueden desarrollarse al margen de las garant\u00edas constitucionales, ni sustituir el control judicial por criterios administrativos difusos.
La pregunta de fondo es si, en nombre de la prevenci\u00f3n, estamos dispuestos a relativizar uno de los l\u00edmites m\u00e1s sensibles al poder punitivo del Estado: la libertad personal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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